El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país

La Fundación Ideas Para la Paz (FIP) publicó un informe donde se muestran los datos más actualizados sobre las dinámicas de los grupos armados ilegales, ya sea a través de enfrentamientos entre ellos o con la Fuerza Pública, y considerando la afectación humanitaria que causan en los civiles, bien sea por homicidios, reclutamiento forzado, amenazas contra líderes sociales o agresiones contra excombatientes. Se concluyó que de la totalidad de los grupos ilegales, el 70% de ellos hacen presencia, principalmente, en Arauca (18 %), Norte de Santander (18 %), Antioquia (15 %), Nariño (10 %) y Cauca (9 %). Asimismo, los nuevos balances muestran un panorama preocupante respecto a las cifras que se manejaron en el primer semestre del presente año, especialmente en lo relacionado al aumento en las acciones de estos grupos a nivel territorial y en las amenazas a líderes sociales.

En el periodo enero-septiembre de 2019 las acciones criminales de estos grupos aumentaron en un 17 %. Más puntualmente, el Eln sigue siendo el grupo con más movimientos de este tipo, con un 46 %, seguido por las disidencias de las Farc (32 %), los grupos no identificados (31 %), el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (16 %) y el Epl (6 %).

Sobre las amenazas a líderes sociales, la FIP muestra que estas cifras aumentaron en un 31 %, aunque los niveles de asesinato disminuyeron en un 27 %. Estas cifras no son evidencia de una reducción de la violencia hacia estas personas, considerando que los índices de tentativa de homicidio aumentaron en un 44 %.

Si bien no se conocen cifras exactas sobre flagelos como el reclutamiento forzado de menores de edad, se reportó que los departamentos donde más se presenta ese delito son: Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Casanare, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. Lo más alarmante en este caso es que entre enero y agosto de 2019 hubo 94 alertas tempranas en estas zonas del país advirtiendo este tipo de acciones y el Estado no tomó las medidas suficientes para evitar estas tragedias, de acuerdo con la FIP.

Dentro de estos escenarios de posconflicto, llama la atención el caso de Arauca donde hay una situación paradójica al tener una alta presencia de grupos armados ilegales, pero al mismo tiempo, no está entre los departamentos con confrontación por zonas en disputa. Esto habla del aumento de poder del Frente de Guerra Oriental del Eln en el departamento, que ha marginado a otros grupos hacia otras zonas del país.

Miembros del equipo de la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca hablaron con El Espectador acerca de las dinámicas de violencia actuales, tanto en el municipio, como en el departamento. «En la actualidad, en un escenario de construcción de paz con las Farc, surgieron disidencias de este grupo las cuales siguen operando en el territorio araucano. Sin embargo, el actor armado más activo sigue siendo el Eln, donde sobresale el incremento de ataques a la Fuerza Pública y a las infraestructuras petroleras», afirmaron.

Respecto a las situaciones que afectan de manera directa a la población civil, en Arauca está latente la preocupación por los delitos como el reclutamiento forzado, porque según estas autoridades de la Secretaría de Gobierno, «tenemos población de desplazados y de migrantes, que lastimosamente se vuelven un blanco fácil para el reclutameinto, debido a su condición de vulnerabilidad y más aún si son NN. Por el mismo temor de la población, no se están realizando las respectivas denuncias para poder activar las rutas de ayuda».

Por último, a pesar de considerar que desde el Gobierno Nacional se ayuda a manejar de manera contínua la situación de los migrantes venezolanos dentro del departamento, ya sea a través de orientaciones jurídicas o  de rutas de atención, se considera por parte de las autoridades araucanas que la situcaión generada por la presencia de estos grupos armados ilegales afecta de manera directa los espectros políticos, económicos y sociales en la medida que «no se permite una fluidez económica de inversiones en el departamento por el miedo generado a raíz de las amenazas de estos grupos», sostuvieron.

Un funcionario de la alcaldía de Arauca que pidió no revelar su identidad por motivos de seguridad estuvo al tanto de las declaraciones y autorizó el uso de éstas