La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción

El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la
Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca resaltar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público y los jóvenes en la lucha contra la corrupción.

Desafortunadamente, todos los años al celebrar esta fecha tan especial, también se presentan noticias que desincentivan las campañas que se lanzan para atacar la corrupción, como la publicación del índice Global de Corrupción 20212 (IGC) que muestra cifras desalentadoras para todos los países. Este índice incluye 196 países y se destaca por su enfoque global. Sus resultados muestran la exposición al riesgo de corrupción que se deriva tanto del sector público como del privado. El GCI también incluye cuestiones relacionadas con los delitos de cuello blanco y, más específicamente, con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Una buena noticia:

La dio recientemente (26 de noviembre de 2021); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que adoptó una nueva Recomendación’ con el potencial de mejorar
significativamente la aplicación global del soborno de funcionarios públicos extranjeros en negocios
internacionales. Si bien no es legalmente vinculante; el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno
monitoreará a partir de ahora cómo los diferentes miembros implementan la nueva Recomendación en el contexto de su evaluación país por país de su Convención Antisoborno.

Dentro de los factores relevantes incluidos en esta Recomendación aparece una nueva sección dedicada a
la «solicitud de la corrupción»; haciendo referencia al funcionario del gobierno que exige (o acepta) el soborno y esta inclusión es muy importante teniendo en cuenta que la Convención de la OCDE se ha centrado históricamente, de forma exclusiva; en la empresa que soborna, lo cual llama la atención teniendo en cuenta que en 2018 la misma entidad publicó un estudio que demostraba que los funcionarios públicos en el extremo receptor de la corrupción tenían cinco veces menos probabilidades de ser sancionados que la empresa que sobornaba.

También se incluye una nueva sección sobre «resolución sin juicio», que proporciona la primera orientación internacional sobre la conclusión de un asunto de soborno en el extranjero basada en un acuerdo negociado entre una autoridad judicial y un individuo o una persona jurídica (como una compañía).

Se incluyen nuevas disposiciones sobre la protección de los denunciantes:

Incentivar el cumplimiento y una sección con orientación ampliada sobre cooperación internacional y manejo de casos en varias jurisdicciones; incluido el estímulo a la «coordinación directa en investigaciones y enjuiciamientos simultáneos o paralelos» y prestando «la debida atención» al riesgo de enjuiciar a la misma persona en diferentes jurisdicciones por la misma conducta.

Es importante también tener en cuenta que la corrupción está afectando a los países para cumplir con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según las Naciones Unidas, (Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.
Paz, justicia e instituciones sólidas, 2015); la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva
cuestan alrededor de $1,26 billones de dólares al año para los países en desarrollo. El impacto de la
corrupción es determinante en el debilitamiento de la democracia, distorsiona el Estado de Derecho, erosiona la confianza en líderes e instituciones, además de facilitar diferentes formas de delincuencia organizada.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Así, se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, en conjunto, suman 169 metas específicas que deben alcanzarse para 2030 y en las que deben participar gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

En el ODS 16:

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas (resumido como «Paz, justicia e instituciones sólidas»), las Naciones Unidas reafirman su compromiso de hacer frente a la corrupción, al resaltar la necesidad de facilitar el acceso a la justicia para todos y construir, en todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, además de establecer reglamentaciones más eficientes y transparentes.

Entre las metas del ODS 16 se consideran fines relevantes en materia anticorrupción:

• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
• Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
• Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
• Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
  respondan a las necesidades.
• Garantizar el acceso publico a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

En este sentido, y como lo hemos venido escribiendo desde hace muchos años, creemos que la
participación ciudadana en la lucha contra la corrupción es clave para disminuir este flagelo. La
participación ciudadana brinda a los individuos la oportunidad de influir en las decisiones públicas.
Sin embargo, siempre nos preguntamos, en la práctica,

¿Cómo ejercer esa participación ciudadana en la lucha contra la corrupción?

Esa participación ciudadana se traduce en acceder a la información, que haya rendición de cuentas
(accountability), revisar la contratación pública, evaluar críticamente la conducta y las decisiones de
los funcionarios, denunciar delitos de corrupción y soborno ante las autoridades judiciales o medios
de comunicación; solicitar las contramedidas adecuadas y apoyar programas de capacitación y
campañas de sensibilización que tengan como objetivo crear una cultura de integridad y cero
tolerancia con la corrupción. A veces, incluso negarse a participar en prácticas corruptas es un
importante acto de resistencia.
La capacitación y sensibilización en temas anticorrupción también son vitales para que los ciudadanos pueden participar en los esfuerzos anticorrupción.

Uno de los problemas principales en muchos países se da cuando la corrupción termina siendo considerada un mal necesario o incluso un atajo para acceder a algunos bienes importantes. En este sentido, en Colombia, por ejemplo, se hizo famosa una frase de un expresidente que manifestó que dijo: «Reduciré la corrupción a sus justas proporciones». Los altos niveles de corrupción, la frustración ciudadana con la corrupción del sector público puede conducir a la apatía ciudadana, la falta de compromiso cívico y la falta de confianza en el proceso político y democrático. En estos casos, la actitud crítica de los ciudadanos hacia la corrupción se debilita o se pierde por completo.

Por todo lo anterior, los ciudadanos debemos participar en los esfuerzos anticorrupción, no porque los
gobiernos nos lo exijan sino porque estamos convencidos del daño de la corrupción a nuestra sociedad.

Fuente: rics management

 

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