Entes de control y Fiscalía se bajan de escuadrón anticorrupción de la vicepresidencia

13 Abr 2020

 

Desde la vicepresidencia se anunció un trabajo conjunto para destapar posibles detrimentos en los dineros del coronavirus. Sin embargo, entes de control recordaron que son entes independientes del ejecutivo.

Desde la oficina de la vicepresidencia y la Secretaría de Transparencia se dio a conocer una brigada conjunta con la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente para ponerle la lupa a supuestos hechos de corrupción en los contratos de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, a las pocas horas del anuncio, el ente acusador y los entes de control se desmarcaron de lo dicho por la vicepresidenta y señalaron que «como entes autónomos, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativa a la presecuicón de corruptos». Las tres entidades señalaron que ese grupo ya existía antes del anuncio de Marta Lucía Ramírez y fue conformado por funcionarios de los tres entes para dar con los posibles casos de corrupción relacionados con la emergencia del coronavirus.

El anuncio hecho por la vicepresidenta, en el que se incluía a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría  señalaba que esta brigada es más que necesaria pues la agilización de los trámites de contratación, contemplados en el decreto de emergencia económica, podría estar sirviendo para que el desvío de recursos se esté haciendo de una forma más fácil.

La vicepresidenta también dijo: “Se trata particularmente de articular competencias contra la corrupción; cada entidad va a implementar medidas que permiten castigar a los corruptos y blindar los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria. Seremos inmisericordes en la persecución y castigo a quienes están robando recursos o que pretendan engañar a las comunidades. No habrá piedad para ladrones, usurpadores ni lugar donde puedan esconderse”.

La Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, también hizo parte de anuncio y aprovechó el espacio para revelar que a su oficina han llegado graves denuncias de posibles sobrecostos de los elementos comprados, repartición irregular de las ayudas, cobros en los retiros de las ayudas, y otras acciones que perjudican directamente al ciudadano.

Además de enunciar por encima los casos que han sido dirigidos a Transparencia, Londoño anunció que se han hecho requerimientos a gobernadores y mandatarios locales de departamentos como Magdalena, Santander, Atlántico, Casanare, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Caldas y Cundinamarca para que den soporte de la contratación que están haciendo y demuestren que están llevando a cabo los debidos controles para proteger los dineros de la emergencia.

Londoño también hizo énfasis en que este procedimiento se realizará con cada gobernante del que se reciba una denuncia de posibles actos de corrupción con los recursos del coronavirus. La funcionaria agregó que cada mandatario debe entregar información clara y competa sobre los contratos que están realizando y que realizarán. Además, deben hacer una relación de los recursos gastados y su relación con la emergencia.

“Alcaldes, gobernadores y en general, funcionarios, que tengan a su cargo la ejecución de dineros públicos estarán obligados a reportar, sin falta, el minuto a minuto de la contratación, y a contratar cumpliendo la ley; sólo así mostrarán que actúan con total apego a los principios de transparencia e integridad. Tendrán ahora los ojos del control fiscal, disciplinario, administrativo y penal sobre ellos. Nuestra acción es rodear su actuar”, concluyó la secretaria de Transparencia.

Desde la Secretaría de Transparencia también se anunció la activación de la red de oficinas de control interno, que estarán a disposición de los entes de esta brigada anticorrupción para alertar sobre posibles irregularidades con los dineros de la emergencia y ejercer un control oportuno sobre estos.

En el anuncio de creación de este nuevo escuadrón interinstitucional también se hizo enfásis en que a las personas que desvien los recursos de las emergencias solo les puede esperar sanciones y hasta la cárcel. Además, se hizo enfásis en que estas personas perderán los bienes que compraron con los dineros ilícitos y tendrá que responder por los daños causados. Todas estas herramientas ya están contempladas en la ley, pero a veces no se ven aplicadas en estos casos.

Han pasado tres semanas desde que el presidente Iván Duque decretó la emergencia económica y social y desde hace unos días se viene hablando de posibles actos de corrupción en los mercados y otros recursos comprados para hacerle frente al coronavirus.

La Contraloría encontró posibles sobre costos en la compra de aliemntos en los municipios de Coveñas, Sincelejo, Barrancabermeja, Girón, Susación, Ibagué, Jericó, Medellín, Acacías, Puerto Gaitán, San José del Guaviare y Francisco Pizarro. Los alimentos en los que más hay irregularidades en los precios está el aceite, arroz, atún, entre otros que hacen parte de los mercados entregados a la población.

El ente de control también encontró posibles irregularidades En la compra de implementos de la salud, Estos hechos se presentaron en En estos lugares se encontraron sobrecostos en antibacteriales, tapabocas, camas y camillas hospitalarias y overoles de bioseguridad. Tres de los casos que más se destacan por la posible sobredimensión de los precios está la compra de antibacteriales en Ocaña (Norte de Santander) con un 61,9% de sobrecosto, el aumento de 65,4% en los precios de los overoles y tapabocas en La Unión (Valle del Cauca), y la compra por el 71,5% más del valor de tapabocas en San Antonio (Tolima).

A la Procuraduría también llegaron denuncias de posibles irregularidades en la contratación por la emergencia. Por indicios de presuntos sobrecostos e irregularidades, por eso abrió 10 procesos en 8 departamentos. El Ministerio Público está investigando posibles irregularidades de contrataciones en Acacías (Meta), Soledad y Malambo (Atlántico), Arauca, Cúcuta, Cundinamarca, San Andrés, entre otras zonas del país.

 

Fuente:   EL ESPECTADOR