La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?

La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud y genera miles de muertes, aunque pensándolo bien, la mayor pandemia como sociedad es la Corrupción.

El panorama frente a la salud es simple de leer: la salud está enferma, vemos que muchos recursos no llegan a su destino final de manera eficiente, vemos médicos y enfermeros, hospitales, centros médicos sin protección de bioseguridad y sin los equipos adecuados y todo porque los recursos de esos hospitales no son bien administrados por los gerentes.

Nadie puede desconocer que los gerentes de hospitales y muchos de sus administradores los posesionan y nombran los gobernadores, alcaldes y senadores. ¿Qué acabamos de elegir en las pasadas elecciones?, no se trata de generalizar pues muchos estan haciendo bien su labor contra la pandemia de la corrupción…

Es por esto, que como ciudadanos en Colombia desconfiamos de muchas de las acciones de quienes nos gobiernan y quienes administran los recursos públicos. Las personas en el exterior nos ven con ojos de desconfianza, no confían en nosotros como colombianos, muchas veces porque dicen que si quienes nos gobiernan y son elegidos en las “justas democráticas”, conestan con la corrupción los pocos recursos de ayudas y de alimento en medio de una pandemia, realmente estamos enfermos como sociedad.

Está saliendo a la luz en estos momentos, que muchos recursos de la salud y en alimentación están siendo malversados, destinados o apropiados fraudulentamente por personas que se aprovechan de la oportunidad para apoderarse de recursos públicos incrementando los costos de productos de primera necesidad, de insumos de salud, de elementos de bioseguridad entre otros… se configura el Triángulo del Fraude.

La teoría del Triángulo del Fraude desarrollada por los criminólogos Donald Cressey y Edwin Sutherland, explica las razones por las que una persona puede cometer un fraude y determina tres factores que están presentes en ese momento: presión, oportunidad, y justificación o racionalización.

El resultado de esa corrupción y malversación genera muchas más muertes que el mismo COVID-19, pues dejamos de ver los recursos donde realmente deben estar invertidos: en la prevención de enfermedades y en el tratamiento.

Los alimentos a los necesitados pagando lo justo, equipos de salud adecuados, equipos de bioseguridad adecuados, salas de urgencias y UCIs bien dotadas es lo que deben tener todos los colombianos en estos momentos de pandemia.

Es un reto ver que los recursos públicos sean fielmente destinados para beneficio del común y no en el enriquecimiento de unos cuantos particulares y altos funcionarios.

La pregunta es: ¿Están aprovechándose de esta oportunidad, de la necesidad de inversión para enfrentar el COVID-19 para pagar los apoyos de las campañas políticas de las pasadas elecciones?

En cuanto a la investigación criminal esto es muy sencillo para algunos, para las entidades de control puede serlo, si utilizamos a los expertos indicados, unos sin sesgo político, sin filiación política, que con objetividad usen la lógica criminal, el análisis de los datos, la tecnología de relación adecuada y revisamos de forma criminal los datos de cientos de contratos, relación y vínculos de empresas, vínculos de personas y otras personas, listas de precios, aportes y aportantes a las campañas políticas. Luego de eso se podrían revisar dichos patrones de comportamiento.

Es por eso, que muchas veces, vemos con malos ojos a quienes dirigen las entidades de control, pues son ternados por el gobierno de turno haciendo que estos lleven sus “amigos” a estas entidades de control en donde muchas veces se pagan favores políticos contratando investigadores sin la formación, pero si con la filiación. Esto mina la confianza en las investigaciones y en las decisiones. Debería revisarse estas conductas pues no debería haber personas con conflicto de intereses marcados en las principales entidades de investigación, esto en cuanto a la reacción.

La corrupción hace parte de la cadena criminal del Lavado de Activos. La UIAF es una de las mejores entidades para prevenir esto, la inteligencia se hace para predecir y prevenir eventos, debe estar al tanto de cada uno de esos contratos, la destinación de dineros de campañas Políticas, así como la creación de empresas para la destinación de contratos entre muchas cosas, estar entregando información y recibiéndola de otras entidades como el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

Debemos darle la importancia a la UIAF en la lucha contra la corrupción como fuente de Lavado de Activos. Debemos atacar el problema del Lavado de Activos de frente; desde sus delitos origen o conexos.

Debemos anticiparnos, debemos realmente hacer gestión de veeduría pero con un enfoque de prevención. Los datos para promover la transparencia deben estar realmente públicos. Esto facilita el control y la auditoría pública. Hay leyes para esto, sino que tragamos entero por la protección de los datos y porque -aparentemente- mucha es información confidencial. Lo que si es cierto es que el manejo de los recursos públicos y las actuaciones públicas son eso, públicas.

Por eso es que toma relevancia el importante el servicio de Compliance.com.co, ya que utiliza la tecnología para hacer ese tipo de cruces y validaciones. En hora buena a aquellas empresas que deciden contratar empresas, que como nosotros les interesa la prevención de la enfermedad y no el vivir con ella.

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No es posible que como ciudadanos pasemos por alto noticias que para muchos ya es normal que suceda, esto pasa porque nos acostumbramos a decir “pero qué se puede esperar…”.

Casos de Corrupción detectados durante esta declaratoria de Pandemia.

Según la Contraloría General de la Nación, entre los casos más graves están está el de 5.198 contratos relacionados con recursos destinados a la atención de la emergencia de COVID-19.

( ….) Estos son algunos casos que tiene en la lupa la Contraloria General de la República en Colombia según la W radio:

-Contrato de la Gobernación del Tolima con el contratista León Gráficas SAS, para prestar servicios de publicidad en periódicos, televisión, radio, redes sociales, páginas web y perifoneo (por $1.020 millones). La propuesta económica es de $7 millones por día, lo que en dos meses sumaría $420 millones. Sin embargo, el total del contrato suma $1.020 millones. Y además hay un contrato adicional por $19 millones para apoyo en medios y redes sociales por 180 días. 

–Contrato de la Alcaldía de Sincelejo con el contratista Abastos y Fruver El Paraíso para el suministro de kits de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable afectada por el Covid-19 (por $1.999 millones). Tanto en los kits como en el valor de logística se observan sobrecostos de 27%.

Otro contrato de esta Alcaldía con Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y por $1.999 millones, con el mismo objetivo anterior, y también con sobrecostos.

–Contrato de la Alcaldía de Coveñas con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe Funcarservicios para el suministro de ayuda humanitaria (por $1.206 millones). Se establece un valor unitario de 6.000 kits de mercado para población vulnerable de $184.500, sin embargo, la verificación del costo de mercado con referencia del DANE, da un valor menos, de $152.294 (sobrecostos del 21%).

–Contrato de la Gobernación del Casanare con el contratista Las Electromedicina SAS (por $372.500 millones) para realizar la adquisición de camas hospitalarias y camillas de transporte y recuperación para el fortalecimiento de la capacidad de atención ante emergencia. Se observaron sobrecostos de 29,9%, debido a que cada cama hospitalaria costó $11 millones, mientras que en el mercado el valor máximo de esta es de $8,4 millones. 

Con esta Gobernación también se hizo un contrato con la Fundación Emprendedores Sociales (por $8.181 millones) para realizar el suministro de 33.702 raciones para preparar paquetes de alimentos no perecederos para beneficiar a la población adulta mayor. Se encontraron sobrecostos de 29,8% por cada kit.

-Con la Alcaldía de Cartago  dos contratos. Uno con La Plaza Campesina de Cartago por $196 millones y otro con Provisiones y Soluciones Empresariales, por $230 millones. En ambos procesos no se adjuntaron estudios previos ni estudios del mercado; las actividades logísticas son genéricas; no se específica el número de mercados ni la población objeto. 

-La Alcaldía de Tocancipá hizo un contrato con Comercializadora Agrosocial para el suministro de paquetes alimentarios y elementos de aseo personal para la población vulnerable (por $806 millones). Además de que aumentaron el valor de los kits de contrato en 99% (fijaron un precio de $161.225, cuando realmente valían $79.425), y además aumentaron beneficiarios inexistentes. 

– Contrato de la Alcaldía de Sincelejo con el contratista Abastos y Fruver para el suministro de kits de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable afectada por el Covid-19. Tanto en los kits como en el valor de logística se observan sobrecostos de 27%.

– Contrato de la Alcaldía de Coveñas con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe Funcarservicios para el suministro de ayuda humanitaria. Se establece un valor unitario de 6.000 kits de mercado para población vulnerable de $184.500, sin embargo, la verificación del costo de mercado con referencia del DANE, da un valor menos, de $152.294 (sobrecostos del 21%).

Pues No Más!. No traguemos entero y exijamos también desde la casa #nomascorrupcion.

Por: Mariano Sánchez – Consultor Compliance.com.co

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