Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos

18 de noviembre de 2019

¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción?

La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. Investigando cómo las empresas e instituciones del Reino Unido ayudan a los individuos y regímenes corruptos a lavar su dinero y su reputación”. (At Your Service. Investigating how UK businesses and institutions help corrupt individuals and regimes launder their money and reputations.)[1]

 

Los resultados de este informe se basan en datos recopilados de más de 400 casos de corrupción de alto nivel y lavado de dinero asociado en el que participaron proveedores de servicios del Reino Unido. Estos casos involucran al menos £325 mil millones en fondos desviados por compras manipuladas, sobornos, malversación de fondos y la adquisición ilegal de activos estatales, que tiene lugar en 116 países de todo el mundo.

Para el gobierno de Reino Unido es muy preocupante esta situación que individuos corruptos utilicen la economía inglesa para legalizar o lavar fondos de orígenes cuestionables, más aun teniendo en cuenta que Reino Unido se precia de disponer una de las mejores normas en materia anticorrupción y antisoborno, la Ley Antisoborno del Reino Unido (UK Bribery Act)[2] y que la consideran superior a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”)[3], de Estados Unidos y además porque de acuerdo con las obligaciones internacionales del Reino Unido, el gobierno debe identificar, investigar y, cuando sea posible, incautar y devolver los fondos corruptos utilizados para comprar esos bienes en el Reino Unido y sus Territorios de Ultramar[4].

En diciembre de 2018, se descubrió cómo se habían utilizado 1.201 empresas opacas[5] en los Territorios de Ultramar del Reino Unido para causar más de £250 mil millones en daños económicos a través de la corrupción solo en las últimas décadas. Para nadie es un secreto que el anonimato provisto por estas jurisdicciones y sus leyes contribuye al crimen económico. Sin embargo, filtraciones como los documentos de Panamá Papers[6] y Paradise Papers[7] han demostrado que los verdaderos protagonistas son los abogados, los contadores y otros proveedores de servicios financieros los que incorporan y administran estos canales delictivos.

Reino Unido es considerado muy atractiva para las inversiones por parte de los funcionarios extranjeros corruptos que buscan ocultar el producto de la corrupción, la malversación y el soborno. Sin embargo, lo revelado en este análisis forense de más de 400 casos y entrevistas con casi 50 expertos y académicos en este campo, los servicios prestados por las empresas e instituciones del Reino Unido a aquellos que han abusado del poder para beneficio privado en diferentes jurisdicciones del mundo.

Uno de los hallazgos interesantes del informe de Transparencia Internacional del Reino Unido es que, aunque la mayoría de las organizaciones e individuos identificados en la investigación están sujetos a algún tipo de regulación y escrutinio por parte de las autoridades del Reino Unido, muchos de los individuos identificados no lo están. Esto requiere una consideración particular por parte no sólo del gobierno inglés sino de todos los gobiernos para legislar sobre aquellos aspectos que garanticen la identificación plena de los beneficiarios del ilícito y la forma legal para que estos cleptocratas [Cleptocracia[8] (del griego clepto, “robo”; y cracia, “poder” = dominio de los ladrones)] comparezcan ante la justicia y hacer cumplir las convenciones internacionales contra el soborno, el cohecho y la corrupción.

El Informe identifica tres áreas clave en las que se necesita un cambio frontal para ayudar a poner fin al papel del Reino Unido como facilitador de la corrupción global:

1. Transparencia: Se necesitan más reformas de transparencia corporativa para garantizar que no haya lugar donde esconderse para los delincuentes que abusan de las empresas en el Reino Unido y sus centros financieros extraterritoriales.
2. Ética y compromiso: No se puede confiar únicamente en las reglas para estimular las buenas prácticas, se necesita que las empresas y las instituciones digan qué pueden hacer para garantizar que no haya nadie para ayudar a los involucrados en la corrupción.
3. Supervisión y aplicación: Los agentes deshonestos y las malas prácticas no pueden resolverse solo con buena voluntad, debe haber una supervisión efectiva de los negocios y un disuasivo creíble contra las malas acciones para detener el problema del dinero sucio del Reino Unido.

Sin embargo, llevar estas áreas anteriormente descritas a la práctica es difícil, por eso el Informe de Transparencia Internacional del Reino Unido esboza diez recomendaciones para este cambio:

 

Recomendación 1: Apoyar la transparencia corporativa pública de la propiedad de la compañía en los centros financieros extraterritoriales del Reino Unido.

Recomendación 2: Introducir transparencia sobre las compañías extranjeras que poseen propiedades en el Reino Unido.

Recomendación 3: Empoderar a la Companies House[9] para aumentar la precisión y fiabilidad del registro corporativo del Reino Unido.

Recomendación 4: Las empresas deben aplicar principios éticos para guiar su compromiso con clientes de alto riesgo.

Recomendación 5: Ayudar a las instituciones culturales y educativas a emitir juicios informados y consistentes sobre el manejo de las donaciones que reciben.

Recomendación 6: Extender las evaluaciones de amenazas de lavado de dinero a sectores claves no regulados.

Recomendación 7: Reformar las leyes de responsabilidad corporativa del Reino Unido.

Recomendación 8: Revisar radicalmente el régimen de supervisión antilavado (ALD) del Reino Unido.

Recomendación 9: Considerar extender el Régimen de Altos Directivos[10] a otros sectores del sector no financiero.

Recomendación 10: Dar recursos adecuados a las agencias de aplicación de la ley para investigar y perseguir la corrupción y el lavado de dinero asociado a ella.

En un artículo que publicamos recientemente titulado: Investigando Corrupción y Lavado de Activos[11] decíamos que “La corrupción y el lavado de activos están muy relacionados porque la corrupción genera enormes ganancias que deben ser lavadas para que se les dé una apariencia de legalidad. En la mayoría de los países se considera la corrupción como un delito fuente de lavado de activos. Casi siempre cuando se presenta un caso de corrupción, esto genera actividades de lavado de activos. Cuando se analizan los aspectos financieros de las actividades de corrupción, las herramientas contra el lavado de activos pueden y deben usarse para quitarle a los criminales sus activos mal adquiridos y, en última instancia, contribuir a disuadir los actos de corrupción.”

Además, expresábamos que “Entender las sinergias entre la corrupción y el lavado de activos mejoraría el conocimiento de cada problema y sugeriría la necesidad de un diálogo continuo entre los equipos de auditoría que cubren las revisiones de cumplimiento de los delitos financieros. Asegurar la aplicación consistente del cumplimiento con los requisitos antilavado, anticorrupción y antisoborno es una tarea desafiante que enfrenta la función de control o de cumplimiento de las compañías.”

Una de las cosas interesantes del Informe de Transparencia Internacional del Reino Unido es que, de los más de 400 casos investigados, pudo identificar 582 empresas y personas que ofrecen servicios en el Reino Unido, entre las que se incluyen 86 bancos e instituciones financieras, 81 firmas de abogados y 62 firmas de contabilidad que ya sea involuntariamente o no, ayudaron a adquirir los siguientes activos y entidades utilizados para obtener, mover y ocultar la riqueza corrupta o sospechosa: 2.225 compañías incorporadas en el Reino Unido, sus Territorios de Ultramar directamente involucrados en la realización de pagos, más de 17.000 empresas incorporadas en el Reino Unido de las cuales se sospecha que han facilitado una actividad similar, 421 propiedades en el Reino Unido por valor de más de £5 mil millones, 7 aviones de lujo por valor de alrededor de £170 millones, 3 yates de lujo por valor de alrededor de £237 millones.

El informe también identificó 118 empresas de bienes y servicios de lujo y 177 escuelas y otras instituciones educativas que brindan a las personas corruptas la oportunidad de gastar su riqueza ilícita en estilos de vida de lujo y educación privada para sus hijos.

El Informe considera que hay indicadores que sugieren dónde, en esta escala, se encuentra un individuo u organización en relación con un caso (por ejemplo, la medida en que se llevaron a cabo las verificaciones antilavado (ALD) o la relación personal entre el proveedor de servicios y el individuo corrupto).

Los indicadores que de acuerdo con la investigación se pueden considerar son los siguientes:

• Cumplimiento activo: Se siguen los procedimientos, se identifican las señales de alerta y se actúa sobre ellas.
• Participación involuntaria: Las verificaciones y comprobaciones no identifican las claras señales de alerta, por ejemplo, debido al engaño del cliente.
• Ceguera Voluntaria: Evita y/o no realiza los controles.
• Corrupto: Como parte del modelo de negocio de la empresa se escogen clientes de alto riesgo.
• Cómplice: Participa con conocimiento para facilitar la corrupción y/o el delito de lavado de dinero.

El anterior estudio al contener estadísticas de hechos reales de corrupción y la forma como los dineros obtenidos de esa corrupción fueron gastados por los delincuentes de cuello blanco y cómo dichos delincuentes utilizaron a las empresas del sector real y a las entidades financieras del Reino Unido se convierte en una herramienta muy útil para analizar las fallas de las empresas y del sistema financiero y para tomar las medidas necesarias de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo asociado con el riesgo de fraude, corrupción y soborno.

El estudio muestra que el dinero producto de la corrupción fue invertido principalmente en la creación de empresas, la compra de inmuebles, aviones de lujo, yates, etc., lo que debería alertarnos en esos sectores de la economía para extremar los controles al riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network-FinCEN)[12] acaba de ampliar recientemente el número de áreas geográficas en Estados Unidos, para controlar la compra de bienes inmuebles lujosos a través de la obligación a las compañías de seguros para que identifiquen a las personas físicas detrás de las compañías fantasmas utilizadas en compras en efectivo de bienes inmuebles residenciales. El umbral del monto de la compra sigue siendo de $300,000 dólares por cada área metropolitana cubierta. Las áreas metropolitanas sujetas a esta medida son: Boston; Chicago Dallas-Fort Worth; Honolulu Las Vegas; Los Angeles; Miami; Nueva York; San Antonio; San Diego; San Francisco; y Seattle.

Esta medida ha proporcionado datos valiosos sobre la compra de bienes inmuebles residenciales por parte de personas posiblemente involucradas en varias empresas ilícitas y ha ayudado a rastrear fondos ilícitos y otras actividades criminales o ilícitas.

En Colombia, el anterior Fiscal Delegado contra las Finanzas Criminales Andrés Jiménez en una entrevista[13] reveló, por ejemplo, que en un caso muy famoso de corrupción conocido como el Carrusel de la Contratación parte de los recursos terminaron en un proyecto inmobiliario en Miami, cuyo valor comercial estaría por 70 millones de dólares y también comentó que parte de los sobornos por 11.5 millones de dólares que el exviceministro Gabriel García recibió de Odebrecht se perdieron en inversiones fallidas en la Bolsa de Nueva York y que en el caso del desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), parte del dinero se habría invertido en autos de alta gama como el Lamborghini de la familia Ambuila.

El Índice de Corrupción Global[14], que abarca 199 países, y cuyos resultados muestran la exposición al riesgo de corrupción derivada de los sectores público y privado y que también incluye cuestiones relacionadas con delitos de cuello blanco y más específicamente con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo confirma el preocupante incremento de la corrupción y los delitos de cuello blanco en la mayoría de los países del mundo y por ende la falta de control de las instituciones donde los corruptos o los delincuentes de cuello blanco depositan o invierten el dinero producto de la corrupción o el soborno.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) ha publicado un estudio reciente titulado: Integridad en las políticas públicas, Claves para prevenir la corrupción[15]. Este estudio afirma que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula entre 1,5 y 2 billones de dólares (aproximadamente 2% del PIB mundial) que se pierden anualmente en sobornos (FMI, 2016). A nivel global, en el sector de las grandes obras de construcción se calculan pérdidas que van del 10 al 30% del valor de las inversiones, de lo que se proyecta que para el 2030 se podrían dilapidar cerca de 6 billones de dólares por año a causa de la corrupción y las ineficiencias en la gestión de proyectos.

En el caso Odebrecht, las coimas pagadas a funcionarios y políticos de 12 países entre 2001 y 2016 totalizaron USD 788 millones, de acuerdo con la declaración realizada por la empresa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2016).

La CAF plantea en el estudio que una agenda de integridad debe incorporar múltiples ámbitos de acción, incluyendo reglas, control e incentivos en la función pública, mecanismos de acceso a la burocracia y a la política, transparencia y monitoreo ciudadano, y gobernanza de la interacción entre el sector público y el sector privado. Para avanzar en estas reformas se requieren ciertas condiciones, como un sistema político contestable, coordinación ciudadana alrededor de la agenda de integridad, y un encargado o líder con credibilidad para impulsar la propuesta e implementar los cambios. Algunos factores pueden facilitar y catalizar los cambios, incluyendo la cooperación internacional, la integración a los mercados y el uso de nuevas tecnologías.

Por último, como lo hemos mencionado en diferentes artículos publicados, la Debida Diligencia Mejorada efectuada a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) no es simplemente solicitarle más documentos para archivar en su folder sin ni siquiera revisar la información. La verdadera Debida Diligencia Mejorada es solicitar esos documentos, verificar la información, analizar la transaccionalidad de las operaciones efectuadas por los PEPs, revisar los vínculos familiares, analizar sus estados financieros, verificar la información tributaria, verificar todo el grupo familiar de los PEPs no solo en listas restrictivas de lavado de activos y financiación del terrorismo, sino también en listas de compañías sancionadas por corrupción como la del Baco Mundial y otras, etc.

Sería muy interesante que todos los países del mundo siguieran el valiente ejemplo del Reino Unido y analizaran objetivamente los casos presentados de corrupción determinando qué pasó con el dinero producto de la corrupción, cómo se gastó o invirtió, qué entidades financieras o empresas del sector real fueron utilizadas, qué fallas de control interno cometieron esas empresas, porqué se materializó el riesgo de corrupción, de soborno y de lavado de activos, porqué las entidades de supervisión o control gubernamentales no actuaron a tiempo, etc., y luego de obtener estas respuestas, modificar la regulación correspondiente, proponer las medidas necesarias para mitigar estos riesgos mejorando los controles, el monitoreo, extremar la supervisión por parte de los reguladores, etc.

 

Por todo lo anterior, recomendamos lo siguiente:

-) Ejercer una mejor supervisión por parte de los reguladores sobre aquellos sectores donde está demostrado que los delincuentes de cuello blanco invierten el dinero tales como la Bolsa de Valores, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, la venta de vehículos (especialmente la venta de automóviles de lujo), los abogados, contadores públicos y notarios por el asesoramiento en la creación de empresas de fachada, etc.

-) Mejorar el conocimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) a través de una Debida Diligencia Mejorada realmente efectiva.

-) Monitorear efectivamente las transacciones y la trazabilidad de los dineros producto del soborno y la corrupción.

-) Establecer señales de alerta efectivas que le permita a las empresas prevenir que se materialicen los riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo.

-) Hacer los esfuerzos necesarios para conocer al Beneficiario Final en todas las operaciones.

-) Efectuar una supervisión basada en riesgos por parte de los organismos reguladores considerando especialmente aquellos sectores que según los estudios especializados generan más corrupción y soborno.

-) Mejorar el grado de escepticismo por parte de los empleados del área de riesgos, de control o de cumplimiento.

-) Considerar el riesgo de fraude, corrupción o soborno como una amenaza real para las operaciones de las compañías e implementar un Sistema de Administración de Riesgo para ellos, aunque la regulación no los obligue legalmente a tenerlos.

 

Fuente: http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Opinion/las-personas-expuestas-politicamente-y-el-lavado-de-activos.asp