Protejamos a nuestros niños: No más abusos en las escuelas
Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante el último año, se han documentado 178 casos de violencia sexual en 179 instituciones educativas del país, con 66 de ellos señalando a docentes como presuntos responsables. La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas contundentes, destituyendo o inhabilitando a 191 docentes y funcionarios implicados, mientras que 237 procesos disciplinarios permanecen en curso.
Según un informe titulado “Vigilancia al abordaje del acoso escolar y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos”, se evidenció que, en la mayoría de los casos, los docentes implicados ofrecían mejorar las calificaciones de las víctimas a cambio de acceder a sus pretensiones sexuales.
El impacto emocional y psicológico:
Las consecuencias del abuso son devastadoras y afectan profundamente a los menores. Estas experiencias pueden desencadenar ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos de estrés postraumático y generar dificultades para establecer relaciones saludables. En el contexto educativo, las víctimas enfrentan problemas adicionales, como un bajo rendimiento académico, sentimientos de culpa injustificados y una pérdida de confianza en quienes deberían protegerlos. Garantizar un entorno seguro es vital para su recuperación y desarrollo integral.
Compromiso colectivo para frenar este flagelo:
¿Estamos condenados a que estas cifras sigan aumentando o podemos construir un sistema educativo verdaderamente seguro para nuestros niños y niñas?
La respuesta requiere un compromiso colectivo. Desde la Secretaría de Educación y el gobierno, deben seguir trabajando incansablemente para implementar políticas más efectivas que protejan a los menores de edad en entornos escolares. No basta con la suspensión de licencias a los agresores; es indispensable fortalecer los protocolos de prevención y denuncia, garantizar el acceso a recursos psicosociales para las víctimas y sus familias, y establecer sanciones ejemplares para quienes perpetran estos delitos.
Además, es crucial cambiar la cultura institucional en muchas escuelas, donde aún persisten actitudes que normalizan, justifican o minimizan los actos de abuso. Es necesario invertir en formación docente sobre derechos de los niños y niñas, perspectiva de género y manejo adecuado de denuncias, asegurando que quienes trabajan en educación no solo conozcan las normas, sino que también interioricen un respeto absoluto por la integridad de los estudiantes.
Es imperativo que las entidades responsables, como la Secretaría de Educación, lleven a cabo un control mucho más riguroso al contratar personal que estará en constante contacto con menores, asegurando así que las instituciones educativas sean verdaderos espacios de aprendizaje y protección.
El rol de las normas: Ley 1918 de 2018
En Colombia, la Ley 1918 de 2018 es un pilar fundamental en la lucha contra los delitos sexuales cometidos hacia menores de edad. Esta normativa establece la obligatoriedad para entidades públicas y privadas, de acuerdo con lo reglamentado por el Gobierno Nacional, de realizar una verificación exhaustiva durante los procesos de selección de personal. Esto incluye validar que los aspirantes a cargos, oficios o profesiones que impliquen contacto directo y habitual con menores no estén inscritos en el registro de inhabilidades por delitos sexuales.
Además, esta verificación no es un acto aislado; debe renovarse cada cuatro meses después del inicio de la relación laboral o contractual. De esta forma, se busca garantizar que quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes mantengan un historial limpio y cumplan con los más altos estándares de ética y respeto.
Mariano Sánchez, CEO de RISKS International, una empresa especializada en promover el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, compartió su perspectiva sobre la importancia de garantizar la protección de los derechos de los más vulnerables: «Los gobiernos y la rama legislativa trabajan arduamente en la creación de normas que buscan garantizar los derechos de quienes no tienen voz. Sin embargo, nuestra responsabilidad como empresarios y académicos es asegurarnos de que estas normativas se implementen y cumplan de manera efectiva».
Sánchez enfatizó «Contamos con herramientas para lograrlo, y es nuestro deber utilizarlas para construir un futuro más seguro y prometedor para miles de niños, niñas y adolescentes»
Herramientas como Compliance ofrecen soluciones efectivas para abordar esta problemática. Esta herramienta permite monitorear continuamente los cambios en el estado de riesgo de las personas que tienen vínculos directos y habituales con niños, niñas y adolescentes. Esto no solo garantiza el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018, sino que también refuerza el compromiso de salvaguardar los derechos de las poblaciones más vulnerables, creando entornos más seguros y protegidos para su desarrollo.
¡El momento de actuar es ahora!
Redacción: Luisa Caicedo
Fuentes:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1918_2018.html
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