Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude al interior de las empresas de la región y presenta su informe Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019.

Las organizaciones latinoamericanas subestiman el impacto del fraude -ya que sólo 31% de las mismas declaran haber detectado casos durante el último año-

BDO, concluye en su informe que las principales causas del fraude corporativo en la región se deben, en un 61% a la deficiencia de control interno en primer lugar; en segundo lugar a una pobre supervisión por la gerencia o la alta dirección, en 50% de los casos; y en tercer lugar, a la falta de personal calificado en la supervisión de controles, con 42%.

Estos hallazgos forman parte de la investigación que se adelantó en empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Con respecto a los costos, el Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019 encontró que este flagelo generó 1.5 millones de dólares de pérdidas en promedio durante el 2018 para cada empresa y que el 22% de las organizaciones involucradas en fraudes perdieron hasta 10.000 dólares, el 20%, entre 10.000 y 50.000 dólares, el 22%, entre 50.000 y 100.000 dólares, el 12%, entre 100.000 y 500.000 dólares y el 5%, registraron pérdidas por más de 500.000 dólares.

Frente a estas pérdidas millonarias, el estudio estableció los perfiles típicos de los perpetradores encontrando que en América Latina se identifican cuatro tipos consolidados de defraudadores. El grupo más significativo incluye a personas de 31 a 40 años de edad con 2 a 5 años de antigüedad en la organización, que tienen un título universitario, y son en su mayoría hombres.

Consecuencias

Aunque, Colombia, Argentina, Brasil, México, Perú y Chile cuentan, en la región, con regulaciones anticorrupción, la desvinculación de los defraudadores es la medida más común, en 69%, según los conceptos de los encuestados. Fuera de esta, las medidas tomadas frente al fraude son la denuncia judicial, policial o ante el ministerio público, con 45%, los cambios en los procesos y sus controles, en 59%, las sanciones internas con 32%, y el intento de recuperación de los bienes, en 18%.

Estos estudios de las tres instituciones analizan la caída en el nivel de confianza de los ciudadanos para con las instituciones, la debilidad del nexo entre el Estado, los ciudadanos y el mercado, y el deterioro de las estructuras de gobernanza, factores que permiten mayores niveles de impunidad en toda la región.